(El Mercurio) Como para la minería propiamente tal, para los proveedores de ese sector el panorama no es positivo y no lo será al menos en un par de años. “Como sector vemos que 2017 será más difícil, porque los ajustes mayores y los más factibles de hacer, se hicieron, y ahora vienen los ajustes sobre ajustes”, señala Pascual Veiga, presidente de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (Aprimin).

El período complejo por el que atraviesan, sin embargo, durará al menos hasta mediados de 2018, piensa, aunque dice que ese año se empezaría a ver un alza en los precios del cobre, y “ya en 2019 se pronostican valores promedio de US$ 2,6, y en 2020 de US$ 2,9″, asegura.

Entre 2014 y 2016, las ventas a la minería entre las 108 empresas que forman parte del gremio -y que representan el 80% de las ventas de esta industria- caerían un 21%, dice el ejecutivo, quien añade que solo entre 2014 y 2015 bajaron 18%. Sin embargo, recalca que “más que la baja de ventas y de márgenes, lo que más nos afecta es la pérdida de personal especializado, en donde invertimos enormes esfuerzos”.

Desde el fin del superciclo (cerca de octubre de 2014) a lo que va de 2016, ha habido cerca de 12 mil desvinculaciones de personal propio, lo que incluye a las áreas más técnicas y no a aquellos que trabajan en alimentación y transporte, entre otros. Veiga estima que hasta fines de 2017 se añadirían al menos unas dos mil personas más. Estas cifras solo se refieren a las empresas asociadas al gremio, ya que el efecto a nivel país es mucho mayor. Para dimensionar, en la época de bonanza del cobre se estimaba que existían un total de 6 mil empresas vinculadas a la minería, y hoy estas se habrían reducido a cerca de 4.200, pero ninguna de las desaparecidas pertenece al gremio. Además, por cada uno de los 56 mil trabajadores propios de la minería que han perdido su trabajo entre octubre de 2014 y hoy, hay cerca de tres subcontratados.

Veiga explica que las desvinculaciones en el caso de Aprimin se han producido principalmente por reducción de contratos, y muy marginalmente por la internalización de trabajadores que han implementado algunas empresas mineras, dado que los afiliados al gremio son empleados altamente calificados que son difíciles de reemplazar, comenta Veiga.

Baja de precios y diversificación

Las empresas asociadas son las más grandes y por eso, de cierta forma, han sido las menos perjudicadas. Eso sí, entre las 108 hay algunas que han enfrentado graves complicaciones, como las dedicadas a prospección y exploración. “Esas están operando al 20% o 25% de lo que operaron, pero son empresas que tuvieron suficientes espaldas, lo que les permite tener parados gran parte de los equipos y explorar nuevos mercados, como es el caso de Perú y Argentina”. Si bien hay algunas empresas que han logrado diversificar su oferta y tener buenos resultados -aumentando su presencia en áreas como celulosa y energía- , hay otras que han tenido pérdidas reales, que incluso en 2015 llegaron al millón de dólares. Con todo, la mayoría ha visto reducidas sus utilidades, dice Veiga.

Los proveedores han debido ajustar sus valores para resistir el panorama de bajos precios. El presidente de Aprimin advierte que aquellos que venden bienes de capital e insumos han ajustado cerca del 15% sus precios, pero aquellos que prestan servicios y contratos han reducido sobre el 20% sus valores. En paralelo, se han enfocado fuertemente en mejorar la productividad, e incorporar más tecnología e innovación para reducir los costos de la industria.

“Chile es un país minero y no hay ningún otro sector de la industria que sea capaz de reemplazarlo en el mediano ni en el largo plazo”.

PACUAL VEIGA

Presidente de Aprimin

“¿Cómo se desarrolla un proveedor de clase mundial si aquí le están cortando las alas?”

Una fuerte “contradicción” hay en las políticas que intenta impulsar el Gobierno, enfatiza el presidente de Aprimin, Pascual Veiga, quien explica que si bien el Ejecutivo tiene iniciativas que son “tremendamente valiosas” -como Alianza Valor Minero-, hay otras que, a su juicio, amenazan de manera directa al sector y pueden incluso paralizar su desarrollo.

El ejecutivo pide “definiciones” y que se traduzca en hechos la agilización de la aprobación de los distintos permisos que requieren los proyectos. Además, que se tomen definiciones rápidas y certeras en ciertas leyes que “podrían ser tremendamente amenazadoras”, estima. Comenta que entre ellas está el proyecto de ley de glaciares, que podría impedir el desarrollo de la minería a futuro, y el proyecto de subcontratación, que busca que la empresa minera o productora solo pueda externalizar lo que no es parte de su core business . “Es una amenaza para el sector como el nuestro, y además es una amenaza contra políticas que este Gobierno trata de impulsar, como el de proveedores de clase mundial. De aprobarse en los términos actuales, esta ley será exactamente contraria a la idea que intenta promover el Gobierno de impulsar la exportación de bienes y servicios chilenos a la minería mundial. ¿Cómo se desarrolla un proveedor de clase mundial si aquí le están cortando las alas?”, alega.

Veiga recalca que se debe buscar un equilibrio y trabajar por una visión país, porque “la realidad es una sola: Chile es un país minero, y no hay ningún otro sector de la industria que sea capaz de reemplazarlo en el mediano ni en el largo plazo”.